En horas de la noche del jueves 14, la Sala de la Cámara aprobó los presupuestos de Vivienda y de Minería (boletín 17142) . En el primer caso, la repartición presenta dineros por $5.71 billones. Dicho monto le permite ubicarse en el cuarto lugar en cuanto a cantidad de recursos asignados para 2025.
A través de esta asignación se sustentan la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo y los programas de Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios, Plan de Emergencia Habitacional (PEH) y el Plan de Reconstrucción Incendios. Asimismo, financia al Parque Metropolitano y los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización (Serviu).
La variación total neta de 11.4% que presenta esta partida se entiende, principalmente, en el contexto del PEH (76.2% del gasto del sector). Vale en este marco recordar que el déficit cuantitativo apunta a 650.000 viviendas. Incluye a 76.000 familias que habitan en campamentos. Así, la meta fijada por el actual Gobierno es abordar el 40% de esa carencia, vale decir, 260.000 unidades.
El Ejecutivo indicó que, junto con cumplir la meta (hay 151.163 viviendas entregadas; 126.333 en ejecución y 73.072 por iniciar), se persigue mejorar el acceso. Esto, a través de una mejor planificación, la diversificación de programas, la vinculación de las políticas de vivienda, barrio y ciudad, el banco de suelo público, la vivienda industrializada, la promoción de la participación y la modernización del Estado.
Este programa fue tocado ampliamente durante el largo debate de la partida. Todos llamaron a abordar la situación con sentido de urgencia. Sin embargo, hubo opiniones dispares en cuanto a la efectividad del plan. Así, mientras algunos relevaron el estado de avance, otros impugnaron mala gestión y mal uso de los recursos.
Otro foco fue el programa de Asentamientos Precarios. Se llamó la atención de la persistencia de numerosos campamentos en el país y de la necesidad de darles una solución definitiva. Del mismo modo, se pidió hacer carne el sueño de aquellas familias que se constituyeron en comités de vivienda, pero que pasan años esperando por terrenos.
Según lo programado, en 2025 se avanzaría en la urbanización de 45 campamentos (favorece a 5.859 hogares). Igualmente, en la elaboración de dos planes maestros en las regiones de Tarapacá y Antofagasta y la entrega de 215 viviendas, en el marco del PEH. Adicionalmente, se adquirirá siete terrenos, que involucran a 5.326 hogares; se considera el traslado transitorio de 1.811 familias en 80 campamentos y se iniciarán o terminarán 34 obras de urbanización, beneficiando a 3.775 hogares.
Socavones en el norte e incendio en Viña
Representantes del norte, en especial de Tarapacá, llamaron con energía al Gobierno a cumplir compromisos con los afectados por socavones. Al respecto, el Ejecutivo mencionó que se mantendrán dineros de apoyo para las familias, con líneas para mejoramiento, reposición y subsidios de arriendo.
Otro punto de crítica lo dirigieron diputados y diputadas de la provincia de Valparaíso, apuntando al plan de reconstrucción por el incendio ocurrido en febrero pasado. Se acusó retraso en la ejecución de los dineros y barreras burocráticas para los afectados. De ahí, se observó, muchas familias se mantienen aún viviendo en carpas.
El informe de la partida resalta sobre el tema que el megaincendio afectó a 5.186 familias. De ellas, 1.405 residían en campamentos y 3.781 en viviendas regulares y poblaciones consolidadas. Un 80% del total pertenecía a Viña del Mar; un 19%, a Quilpué; y un 1%, a Villa Alemana. Hasta ahora, se estima que 743 familias de campamentos y 2.316, del segundo grupo, califican para un subsidio de reconstrucción. La proyección es culminar el 2 de febrero de 2025 con las familias calificadas como hábiles.
Minería
La Partida del Ministerio de Minería posee dineros por $53.896 millones y una leve alza de 0,2%. Por esta vía se financian la Secretaría y Administración General, el programa de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, la Comisión Chilena del Cobre y el Servicio Nacional de Geología y Minería.
Dentro de los ejes importantes del ministerio está el fortalecimiento de la pequeña minería (incremento del 25%). Y, muy relacionado a lo anterior, está también considerado una capitalización de 25 millones de dólares de la Empresa Nacional de Minería (Enami). En todo caso, ambas líneas están provisionadas en el Tesoro Público y no son parte de los dineros mencionados previamente.
Otro enfoque prioritario es la Estrategia Nacional del Litio (+12,8%). En este marco considera seis consultas indígenas en regiones de Tarapacá y Antofagasta. Además, contempla la contratación de asesoría legal especializada, profesionales y técnicos. También destacan los programas Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA productivo) y Seguridad Minera (+9,1%).
Sobre Codelco, se anticipó que la proyección es aumentar la producción total de cobre de Chile en un 5,5% el próximo año. Con esto se superaría el crecimiento promedio mundial del 4%. Al 2030, la apuesta a alcanzar una producción de 1.700.000 toneladas, en comparación con las 1.350.000 toneladas actuales.
Debate de la partida
Entre los temas destacados, se manifestó la preocupación por el cierre de las Fundiciones de Ventanas y Paipote. Sobre el punto, se pidió avanzar en una nueva fundición más sustentable dado que no es lo mismo exportar cobre refundido que refinado.
Igualmente, se solicitó mayor apoyo y dineros para la pequeña y mediana minería. Sin embargo, algunos valoraron el aumento de Fondos PAMMA destinados para tal fin. Por otra parte, se resaltó el fortalecimiento y capitalización de la Enami.
Sobre la Estrategia Nacional del Litio, hubo posturas dispares. Desde la oposición lamentaron su baja ejecución y se cuestionó que se aumenten los fondos en 12,8%. Pero, desde el FA, relevaron las consultas indígenas que se llevan a cabo para futuros procesos licitatorios y la contratación de profesionales especializados.
Por otra parte, se pidió mayor fiscalización de las faenas y de la seguridad de los trabajadores. Igualmente, se criticó que Codelco hace uso y abuso del subcontrato y constata constantes accidentes laborales. Además, se acusó prácticas antisindicales y demanda a los trabajadores en costosos juicios. Del mismo modo, se observó su baja en la producción, en comparación con empresas privadas que crecen, y el aumento de su deuda.
Hacienda
El ministro de Hacienda explicó que el PAMMA vio reducidos sus dineros en 2024, junto con la corrección del programa. Por ello, ahora se incrementan sus recursos.
Sobre Enami dijo que recibe aportes por dos conceptos: fomento para los pequeños mineros y por capitalización de la empresa. Esto va en línea con medidas para sanear su situación financiera y desarrollo futuro.
Agregó que hubo un compromiso en la Mixta para que la estatal elabore un plan estratégico de desarrollo y modernización, que deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre y que tendrá una vigencia de 5 años. En el se incluirán la modernización de las plantas, medidas para eficiencia en las explotaciones mineras, modificación de la estructura tarifaria y mecanismos de fomento, entre otros puntos.
Modificaciones
Al momento de las votaciones, la partida de Minería se respaldó sin reducciones y con solo una solicitud de información. En Vivienda, en tanto, sí hubo alteraciones en sus dineros, tras rechazarse el programa de Asentamientos Precarios, que contemplaba montos totales por $32.405 millones.
Igualmente, se respaldaron nuevas solicitudes de información y cuatro indicaciones del Ejecutivo. La primera de ellas permite que con recursos de los Serviu se financien proyectos del sistema especial de construcción de viviendas. La segunda, permite al Ministerio otorgar subsidios del Programa Vivienda Progresiva para la atención de asentamientos precarios del Catastro de Campamentos MINVU vigente al 2024, bajo ciertas condiciones.
Otra de las enmiendas señala que, para efectos de proyectos de vivienda del PEH vinculados a la Ley 21.450, los Serviu podrán presentar cartas de resguardo a las Direcciones de Obras Municipales. La idea es “garantizar las obras a ejecutar que se contemplen en el informe de mitigación vial en los términos del mismo y que no impliquen la ejecución de obras de infraestructura de déficits preexistentes”. La cuarta, en tanto, permite a los Servicios suscribir convenios de colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, los gobiernos regionales y otras entidades públicas, para la ejecución del diseño y/o construcción de Centros de Cuidado.
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