Por 91 votos a favor, 11 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión investigadora sobre Codelco (CEI 34 y 36), que acusa entre sus conclusiones una crisis de la minera estatal que se expresa en una baja producción, con el consecuente impacto para las arcas fiscales del país.
La instancia se originó en tres solicitudes para investigar los actos del Gobierno, entre 2006 y 2022, relativos a la empresa cuprífera y su gobierno corporativo en proyectos estructurales, cumplimiento de normas laborales, tercerización y protocolos de seguridad.
El texto lo rindió quien fuera el presidente de la comisión, diputado Cristián Tapia (IND). En él se observa que “Codelco sufre hoy una profunda crisis”. Ella se expresa en:
Una baja sostenida en la producción.
Un incumplimiento, tanto en tiempo como en costo, del desarrollo de los proyectos estructurales.
Aumento de contratación de empresas contratistas en actividades esenciales, propias del giro de Codelco, como también en su sistema de operaciones.
Conflictividad laboral en las empresas contratistas y, también, en casos de trabajadores de la estatal.
Presencia de accidentabilidad.
Sobre el primer punto se informa que, en 2023, se totalizaron 1.324.000 toneladas de cobre fino. “Si nos remontamos a períodos anteriores, la producción de Codelco estaba en torno a las 1.600.000 o 1.700.000 toneladas, un nivel que recién se considera poder recuperar en 2030”, se remarca. En este contexto, se llama a la estatal a sostener su producción, para lo cual necesita desarrollar proyectos estructurales de manera eficiente y eficaz.
De lo anterior se desprende que la cuprífera tuvo menores ingresos (periodo 2012-2023) por alrededor de 60 mil millones de dólares.
“Lo cierto es que el sueño de los 2,6 millones de toneladas nunca fue posible y la producción durante los años siguientes se mantuvo en niveles similares a los de 2012, empezando a declinar sostenidamente a partir de 2017, con las consecuencias de menores ingresos conocidas y sufridas por el país entero”, se remarca en el documento.
Proyectos estructurales y gobierno político
Según se indicó, existe tardanza en la ejecución de los proyectos estructurales para sostener la producción en el tiempo. En este contexto se cita las palabras del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco:
“La decisión de ejecutar cuatro megaproyectos estructurales, que debió definirse a inicios del nuevo milenio, se tomó recién en 2010, ya de forma tardía, y sin evaluar adecuadamente los límites físicos, económicos, del conocimiento y culturales que ellos envolvían, ni que la empresa ya no tenía tiempo de secuenciarlos y debió construirlos de manera simultánea”.
Igualmente, se releva que estos proyectos presentaron sobrecostos importantes:
En Chuquicamata Subterránea la inversión asciende a US$ 6.200 millones, incluyendo un sobrecosto de 53%.
La cartera de proyectos de El Teniente asciende a US$ 5.600 millones, con un sobrecosto de 75%.
El traspaso de Andina tiene un capex proyectado de US$ 1.700 millones, con 21% de sobrecosto.
Rajo Inca (Salvador) mantiene su inversión en US$ 1.400 millones, pero presenta un retraso de 16 meses.
Otro punto criticado es que la mitad de los dineros destinados a inversión en el período 2012-2022 (US39.200 millones) fue vía endeudamiento. Por otra parte, se reclama que, “pese al discurso institucional de contar con una dotación de profesionales de excelencia y de ser pioneros en el desarrollo de proyectos mineros a nivel mundial”, se evidencia “un fracaso absoluto de la vicepresidencia de proyectos y las distintas planas ejecutivas en el cumplimiento de las metas propuestas”.
El informe, asimismo, observa que la composición del directorio de la estatal ha sido diversa y no ha tenido continuidad a través del tiempo. “Conspira también en esta inestabilidad el hecho de que las designaciones del directorio responden a criterios políticos y no técnicos”, se acota.
Otros puntos fiscalizados en Codelco
Para la comisión también se evidencia que la política de subcontratación implementada por la estatal ha sobrepasado la legislación. Así, se refuta el traspaso a empresas contratistas faenas y servicios propias del giro.
Por otra parte, se comunica la existencia de diversas denuncias de prácticas antisindicales. Estas pueden abarcar comportamientos como la intimidación de trabajadores, represalias y listas negras.
Finalmente, en materia de seguridad, se informa que en, en los últimos 23 años han fallecido 97 personas en actividades relacionadas a Codelco. En el resto de las grandes compañías mineras la cifra llega a 143.
En materia de recomendaciones, se sugiere profesionalizar a las autoridades del gobierno corporativo. La idea es que cuenten con conocimientos mínimos en áreas de diseño, proyección y planificación de largo plazo. De tal manera, se espera garantizar que los futuros desarrollos no se vean afectados por inestabilidades de las estructuras rocosas u otra afectación que cause una falla accidental o retraso de cálculo en los proyectos de mediana y gran envergadura.
También se pide evaluar el modelo de gestión de la Vicepresidencia de Proyectos y que los proyectos estructurales vuelvan a cada una de las divisiones.
Junto a lo anterior, se recomienda fortalecer la capacidad de fiscalización de Cochilco y extender la supervigilancia hacia la Contraloría, entre otros puntos.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
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