La Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación continuó el análisis del proyecto (boletín 16821) que pretende regular los sistemas de inteligencia artificial (IA).
En la sesión, intervino el director ejecutivo de la Unión Nacional de Artistas (UNA), Christian Torres Castro. Entre las conclusiones de su exposición señaló que el proyecto desaprovecha la oportunidad de abordar los desafíos y amenazas que la IA presenta para la creación artística. Esto, por la autenticidad, la originalidad y la diversidad cultural, pero, también, porque hace desaparecer los derechos de autor en el país.
A su juicio, la ausencia de una protección explícita para los derechos de autor y propiedad intelectual debilita la salvaguarda del trabajo de los creadores. Por lo tanto, es esencial desarrollar un marco regulatorio que equilibre la innovación tecnológica con la protección de los derechos de autor. La idea es asegurar que los creadores sean justamente compensados y que su trabajo sea respetado.
Fernando Silva, abogado representante de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI-Chile), compartió dicha posición. Desde su perspectiva, la propuesta provocaría que Chile incumpla tratados internacionales. Junto a esto, generaría una absoluta desprotección y desamparo de la creación artística y cultural.
Del mismo modo, Esperanza Silva, presidenta de la Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chileactores); y Rodrigo Águila, director de Chileactores, agregaron que, tal como está la norma, favorece a los “gigantes tecnológicos” que lucrarán a costa del trabajo creativo de autores y artistas, sin compensación alguna.
A dicha opinión se sumó Juan Antonio Durán, director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). En su presentación, criticó que ninguna organización o entidad de creadores, autores o intérpretes fue escuchada. De hecho, el Ministerio de las Culturas no forma parte de las carteras que firmaron el proyecto.
Respuesta del Ejecutivo
Frente a este escenario, la ministra de CTCI, Aysén Etcheberry, explicó que el Gobierno optó por una norma que no abarcara todas las áreas de incidencia. Observó que se trata de una materia que abarca muchísimas áreas, por lo que regular todo en una norma resultaría complejo.
Así, sobre el tema de la propiedad intelectual, señaló que es una discusión que no está resuelta a nivel mundial. En tal plano, informó que la posición del Gobierno es no legislar sobre la materia en específico y esperar a que exista una posición valorada por los diferentes sectores.
En tanto, la ministra de las Culturas, Artes y Patrimonio, Carolina Arredondo, aseguró que se recogerán las posiciones expresadas por las diferentes organizaciones. Para esto, realizarán un trabajo coordinado con el ministerio de CTCI para poder definir la mejor forma de regular esta materia.
Consejo para la Transparencia
En la última sesión de la comisión, la instancia, igualmente, recibió a David Ibaceta, director general del Consejo para la Transparencia (CPLT).
Entre sus principales observaciones al proyecto, llamó a evitar una excesiva o anticipada regulación, perjudicando la innovación o el desarrollo en esta materia. A su juicio, es necesario buscar un equilibrio entre innovación y regulación, junto con evitar la rigidez y obsolescencia de la normativa.
Por otro lado, también propuso incorporar a un representante del CPLT al Consejo Asesor. Esto, para aportar desde su experiencia y visión en materia de transparencia y explicabilidad de la IA.
Datos del proyecto sobre IA
La iniciativa, presentada por el Gobierno en mayo de este año, plantea un marco jurídico para regular los distintos usos de estos sistemas. De esta forma, se busca impulsar el desarrollo de esta tecnología y promover la innovación, pero respetando derechos fundamentales de las personas.
En tal línea, la propuesta cuenta con una serie de principios rectores. Entre ellos, establecer solidez y seguridad técnica, junto con garantizar la privacidad y gobernanza de los datos. Además, apunta a potenciar un escenario de no discriminación y equidad, de la mano con el bienestar social y medio ambiental, entre otros aspectos.
Otro punto importante es que establece la necesidad de intervención y supervisión humana. Esto, porque plantea que los sistemas de IA deben ser desarrollados y utilizados como una herramienta al servicio de las personas. Esto significa que deben respetar la dignidad humana y la autonomía personal. Y, asimismo, que su funcionamiento pueda ser controlada y supervisada adecuadamente por seres humanos.
El objetivo es que esta normativa sea aplicable a proveedores que introduzcan en el mercado o pongan en servicio sistemas de IA en el país. Así, también, a los implementadores de estos sistemas que se encuentren domiciliados en el territorio nacional. Del mismo modo, afectaría cuando la información de salida generada por el sistema de IA se utilice en Chile o por distribuidores o representantes autorizados que se encuentren domiciliados en el territorio nacional.
Regulación IA a base de riesgos
El proyecto establece la regulación de los sistemas de IA en base a los riesgos. Así, señala que los sistemas de IA de riesgo inaceptable son aquellos incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas. Los de alto riesgo, en tanto, son aquellos cuyo uso presenta riesgos de manipulación o engaño.
Por otro lado, los sistemas de riesgo limitado son aquellos cuya utilización presenta un riesgo no significativo de manipulación, engaño o error. Por este motivo, se establece que deben proveerse en condiciones transparentes para que las personas estén conscientes de que están interactuando con una máquina.
Para la implementación de esta normativa, la iniciativa contempla la Creación del Consejo Asesor Técnico de IA. Dentro de sus primeras funciones están el presentar al Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) un listado de sistemas de IA de alto riesgo y de riesgo limitado, sobre la base de los criterios establecidos en la ley.
En cuanto a la fiscalización y cumplimiento, el proyecto plantea que sea responsabilidad de la Agencia encargada de la protección de datos personales.
FUENTE: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS
Comments