Perfeccionar la regulación de las expulsiones administrativas de la Ley 21325 de Migración y Extranjería es el objeto del proyecto (boletín 16836) que se discute en general en la Comisión de Gobierno Interior.
La iniciativa -ingresada por el gobierno en mayo pasado, busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior, al incluir una nueva causal de expulsión del país, en casos calificados por razones de orden público o seguridad interior o exterior.
Asimismo, mejorar la ejecución de las expulsiones administrativas y del registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.
En específico, reduce el plazo para impugnar la medida de expulsión, de 10 a 5 días corridos desde la notificación y elimina la excepción de suspender la medida.
En casos graves de expulsión, se faculta al subsecretario a autorizar a las policías el ingreso a un domicilio para aprehender a la persona buscada.
PDI
Ante la comisión expuso la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, prefecta general Consuelo Peña, quien explicó que la institución debe materializar las expulsiones tanto judiciales como administrativas.
En materia de cifras, informó que en 2023 se registraron 339 personas expulsadas por la vía administrativa. Mientras que, en 2024 ya se han materializado 343. Sobre las decretadas por el subsecretario hubo dos expulsados en 2023 y uno este año.
También precisó que existen más de 20 mil extranjeros denunciados y que se calcula que por pasos no habilitados, ingresaron 44 mil personas en 2023, y 11 mil en 2024.
En cuanto al contenido del proyecto, la prefecta Peña consideró necesario extender la facultad que se establece para el subsecretario del Interior también al director de Migraciones, dado el número de disposiciones pendientes.
También reparó que no se especifican los delitos contra el orden público y seguridad, lo que puede llevar a variadas interpretaciones.
Por su parte, la subcomisaria Linda Ulloa, indicó que la reducción del plazo de impugnación de 10 a 5 días, debiera considerar no sólo las expulsiones decretadas por el subsecretario, sino también, las determinadas por el Servicio Nacional de Migraciones.
Y, planteó como punto crítico el tema del domicilio, porque los extranjeros no tienen uno fijo, lo que complica la notificación. Tema que debiera ser más dinámico, consideró.
Ministerio Público
Desde el Ministerio Público, intervino la subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, Tania Gajardo.
En sus observaciones, señaló que en la citada nueva facultad de la autoridad de Interior no se menciona la coordinación con la fiscalía. Esto, porque este órgano podría estar desarrollando medidas intrusivas a personas investigadas o éstas, ser parte de un proceso de cooperación eficaz, período en que podría determinarse su expulsión inmediata.
En otra materia, también destacó que no se hace referencia a que el Ministerio del Interior sea interviniente en un proceso penal. Sin embargo, se lo faculta para pedir el sobreseimiento definitivo directamente al juez, tema que es inédito, anómalo e inconstitucional, señaló.
Otras observaciones se refirieron a la medida de privación administrativa hasta por 72 horas antes del control de la Corte de Apelaciones, la cual, a juicio del Ministerio Público, debe ser en recintos especiales para ello y no junto a detenidos comunes.
Finalmente, Gajardo reflexionó si es más efectivo expulsar o que el extranjero irregular cumpla la condena en el país. Ello, debido a lo porosa que es la frontera norte, lugar por donde vuelven a ingresar con facilidad.
Reacciones
Para el diputado Raúl Leiva (PS) el nuevo procedimiento propuesto es más burocrático y planteó que se deberían considerar hipótesis de flagrancia. Así como, añadió una mayor coordinación con la Fiscalía.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Becker (RN) criticó que existan 300 ingresos ilegales diarios y sólo 300 expulsiones administrativas al año. A su juicio, es difícil ver una progresión mayor de extranjeros irregulares que dejen nuestro país.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
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