La Sala manifestó que la norma aplicable a los funcionarios públicos no permite flexibilidad de acuerdo a las distintas realidades de los servicios para que los funcionarios accedan al teletrabajo.
La Sala respaldó la Solicitud de Acuerdo 29 -con 128 votos a favor y dos abstenciones- que expresa la preocupación de la Cámara por la ineficacia de las políticas públicas sobre el acceso de mujeres cuidadoras del sector público al teletrabajo.
El acuerdo, remitido al Presidente de la República, sostiene que las medidas existentes no facilitan esa modalidad de cumplimiento de la jornada laboral.
El texto se refiere a la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, debido a las dificultades en tareas de cuidado. Este problema, indica, se acentúa en el caso de las mujeres, quienes, en Chile, asumen casi exclusivamente las labores de crianza y cuidado.
Además, reconoce que la Ley 21.645 aborda algunos aspectos mencionados para equilibrar brechas de género en el mercado laboral. A su vez, permite, bajo ciertas condiciones, la posibilidad del teletrabajo.
Sin embargo, esta normativa se limita solo al sector privado, tal como dictaminó la Contraloría General de la República.
El organismo señaló que no resulta aplicable al sector público, “ya que el contrato de teletrabajo es un contrato especial que requiere de voluntades de las partes empleadora y trabajadora, y las autoridades públicas no están facultadas para suscribirlo, salvo disposición expresa que lo autorice”, indica el veredicto.
Teletrabajo con restricción
Cabe precisar que en el sector público se aplica la Ley 21.652, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la facultad de los jefes superiores de las subsecretarías y servicios públicos dependientes de los ministerios, de eximir de control horario a ciertos trabajadores.
Sin embargo, el número máximo de funcionarios no puede exceder al 20% de la dotación máxima del servicio. Igualmente, fija la realización de, al menos, tres jornadas presenciales a la semana y, dos, de teletrabajo.
Las promotoras del acuerdo sostienen que dicha legislación rígida no ofrece la flexibilidad necesaria para la diversidad de servicios, como señalan mujeres y organizaciones del sector público que se han acercado a la Comisión de Mujeres y a distintas diputadas. Además, existe un compromiso del Estado que falta por cumplir.
Las autoras del documento son Karol Cariola (PC), Marta González (IND), Camila Musante (IND), Viviana Delgado (IND), Carolina Tello (FA), Alejandra Placencia (PC), Marisela Santibáñez (IND), Catalina Pérez (FA), Danisa Astudillo (PS) y Daniela Serrano (PC).
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
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