La Comisión Especial Investigadora que analizó la entrega de fondos públicos a entidades privadas o fundaciones, por parte de ministerios y seremis determinados (CEI 45), aprobó por unanimidad su informe de conclusiones.
El texto señala que existió responsabilidad política de personeros del Gobierno, detrás de las irregularidades en la entrega de fondos públicos.
El documento concluye que “es muy preocupante que la relación de cooperación público-privada en la provisión de bienes y servicios públicos se vea empañada por el mal uso de un sistema de transferencias mediante convenios, dado que el desarrollo del país y la persecución del bien común mediante la colaboración entre el Estado y los cuerpos intermedios es parte del ADN de nuestro ordenamiento jurídico”.
Asimismo, señala que “cuando comenzó la investigación del caso fundaciones, se hablaba de un monto defraudado cercano a los $14.215 millones. Sin embargo, a un año el monto total asciende a $89.740 millones de pesos. Estos montos aún son objeto de investigación, pudiendo variar”.
En esa línea, el documento sostiene que el denominado “Caso Fundaciones” se puede considerar como “una mancha negra en la historia de nuestra institucionalidad“.
Responsabilidades en caso fundaciones
El informe hace presente que “hubo hechos que no fueron debidamente observados, los cuales, de haber sido atendidos a tiempo, habrían permitido prever, o al menos contener, la crisis que surge producto de la entrega de fondos públicos a entidades privadas sin fines de lucro”.
Al respecto, se apunta al rol del exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; de la directora del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, Daniella Caldana; y de la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez Dattari.
El informe señala que “llama la atención que, a la fecha, el Gobierno siga requiriendo de los servicios de personas que estuvieron directamente ligadas a la fundación Democracia Viva y de quienes aprobaron fondos para esta y otras instituciones, sin mayor cuestionamiento”.
En tal sentido, apunta directamente a Miguel Crispi y al proyecto de ProCultura para pintar fachadas en la región de Antofagasta, “aprobado por el GORE y validado por el ex subsecretario”.
Lo propio en el caso de la subsecretaria Pérez, respecto de quien se solicita la renuncia, luego de que negase su relación con la fundación Democracia Viva durante su participación en la comisión, pese a que diversos registros públicos dan cuenta de que ejerció como directora de metodología de dicha organización.
“A juicio de esta comisión, negar la relación con Democracia Viva, y por consiguiente, con quienes la integraban, solo por el hecho de no encontrarse constituida legalmente, resulta grave. La subsecretaria sí mantuvo relación y representó al proyecto de Democracia Viva, por lo cual debiese cesar en sus funciones como autoridad”, sostiene el informe.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
Komentarze