La comisión sobre agresiones sexuales en el deporte (CEI 52) recibió a representantes de la PDI, de la prensa y del Ministerio Público. Además, asistió el presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, Eduardo Arévalo.
Cabe recordar, que el grupo parlamentario indaga la aplicación del decreto 22 del Ministerio de Deporte. Este refiere a la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. También se revisan casos donde resultaron víctimas ajenas del deporte, pero cuyos agresores sí son deportistas. De igual modo, si se realizaron actos en recintos deportivos, desde 2022 a la fecha.
Luego de escuchar a los invitados, se ofició al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para abrir un proceso sancionatorio a los dirigentes de Cobreloa y al presidente de la ANFP, por no denunciar los hechos de violación grupal.
El subdirector Policial y de Criminalística de la PDI, Hugo Haeger, fue consultado por dicho caso. Igualmente, respecto de la sugerencia o presión del funcionario que incitó a la víctima a desistir de la denuncia, porque se enfrentaría a una institución poderosa.
Sobre el punto, Haeger detalló la cronología del caso e indicó que existe una “reprimenda administrativa” al funcionario policial por el desistimiento de la víctima. Agregó que, en otra investigación relacionada al deporte, también se sancionó a otro detective por exceder el plazo de investigación de la fiscalía. Agregó que dichas medidas son sanciones severas que quedan en la hoja de vida de los detectives, por su mal actuar en los procedimientos y reglamentación interna.
El subdirector también explicó que la PDI no puede seguir investigaciones si la Fiscalía decide no continuar con las indagatorias. Añadió que, si se recaban nuevos antecedentes, éstas se derivan al Ministerio Público.
Investigación periodística
La periodista Josefa Barraza, directora del medio “El Ciudadano”, detalló los hechos investigados en el reportaje de su autoría: “La red de protección del caso Cobreloa”.
Al respecto, denunció que el expresidente del club Fernando Ramírez se enteró de la denuncia de violación grupal, ocurrida en septiembre de 2021, en la Casa Naranja, en diciembre de ese año, en una reunión con los apoderados de los cadetes. Acotó que, el entrenador juvenil, Luis Fuentes, les dijo que no debían decir nada, porque la víctima era mayor de edad y había que dejar el tema ahí.
Especificó que el club recibió la denuncia de una apoderada de un cadete y anunció que se investigaría el caso y se alejaría a los involucrados. Sin embargo, no hubo investigación ni medidas disciplinarias. En tanto, comentó que el director de la ANFP, Pablo Milad, nunca recibió a la denunciante en persona que, anteriormente, envío numerosos correos electrónicos.
Además, la periodista resaltó que la actual gerenta general de Cobreloa, María Alejandra Calderón, exfuncionaria de la Corporación Municipal de Calama, hoy es acusada, junto al exalcalde, de fraude al fisco.
Josefa Barraza manifestó que era común la realización de fiestas en la Casa Naranja. A su juicio, “existe no solo poder futbolístico y monetario, sino una red de protección política del municipio hacia Cobreloa”.
Finalmente, lamentó el acoso digital y los mensajes de odio de los hinchas de Cobreloa. “Me denostaron física y sexualmente, por lo que dejé de investigar”, expresó.
Ministerio Público
Adicionalmente, participó el director de la unidad especializada en delitos sexuales y de explotación sexual del Ministerio Público, Maurizio Sovino.
Explicó que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es materia de acción penal pública y que, tras una denuncia, se puede iniciar una causa de oficio. Respecto de adultos, informó que la acción pública es previa instancia particular, es decir, se debe presentar una denuncia de la víctima.
Indicó que la retractación es algo normal en la fenomenología de la violencia sexual. empero, comunicó que tienen como instrucción del fiscal nacional no dejar de investigar, pese a ello. Por otra parte, dijo que la demora en investigar ocurre por la crítica situación de un sistema penal colapsado en la investigación de delitos sexuales. “Existe una demora gigantesca en dar respuesta a las víctimas”, confidenció.
Sobre la consulta sobre grabación, difusión y almacenamiento de material pornográfico, planteó que no es delito en personas adultas.
Para finalizar, señaló los puntos críticos de las modificaciones a la ley del deporte, sus decretos y protocolos. Relató que la nueva estructura normativa carece de puentes entre los procedimientos y los procesos judiciales. Además, acusó falta de claridad y de fluidez. “Y no existe obligación de denuncia en un plazo efectivo, como ocurre en establecimientos educativos o de la salud. Tampoco la estructura (…) protege a todas las víctimas, que no sean deportistas”, subrayó.
Por su parte, Eduardo Arévalo aclaró que “existe un procedimiento claro y preciso que, una vez concertado el delito, tiene un plazo de 24 horas para entregar información en la fiscalía. Después, agregó se” suspende nuestra participación y no se dejan medidas de protección a las víctimas”.
El presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo afirmó que, en varios casos, el Ministerio Público, después de meses, no ha citado a los denunciados. Así sería con los casos relacionados a natación paralímpica y de la Corporación de Peñalolén.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados
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