Señor director:
Hace unas semanas se realizó un sondeo a más de 7 mil pymes chilenas (a cargo de Sercotec y la Universidad Central) donde cerca del 50% declaró una baja en sus ingresos. Frente a esta realidad es importante entender que para la mayoría de las pymes es imposible enfrentar sus deudas e insolvencia, ya que no pueden acogerse a la Ley de Insolvencia y reemprendimiento (N° 20.720) por la complejidad de sus requisitos.
Aunque la normativa pretende incentivar el reemprendimiento, y pese a los procedimientos simplificados desde agosto de 2023, solo se han iniciado 10 reorganizaciones entre enero y junio de este año, mientras que 132 Pymes han iniciado procesos de liquidación simplificada (el 56,8% son microempresas, un 42,4% pequeñas empresas y el 0,8% no registra información).
Más emprendedores necesitarían un cierre ordenado, pero las exigencias de la ley, agravadas por la modificación vigente desde agosto, lo dificultan. Las consecuencias de la enajenación de activos en los últimos 24 meses complican más la situación.
Muchas Pymes han vendido activos para pagar deudas por desconocimiento de la ley. Castigarlos por esto demuestra una desconexión con la realidad de los emprendedores, quienes necesitan una solución urgente a sus problemas financieros.
Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de GrupoDefensa.cl
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